La depredación del Gobierno y el FMI: Amnistía y reforma tributaria le cuesta al Estado ecuatoriano USD 1 310 millones en 2019. En contraposición se pretende una reforma fiscal regresiva, aumento de precios en los combustibles, incluso en las tarifas de electricidad.

Jonathan Báez

 

En los últimos días existe una voraz búsqueda por parte de los actores gubernamentales y medios de comunicación por situar a la reforma tributaria como un puntal fundamental para la economía ecuatoriana. En ese sentido, se aspira recaudar USD 16 576 millones en impuestos. La cuestión es que esta recaudación, por acuerdo entre el Gobierno y FMI, debe ser por vía de impuestos indirectos, que en la mayoría de los casos tienden a ser regresivos. Esta reforma se inscribe en el proyecto de beneficio a las élites que inició con la remisiones y una serie de exenciones tributarias realizadas en 2018 y, que ahora implican una pérdida para el año 2019 de 1,2% del PIB en ingresos que ascienden a cerca de USD 1 310 millones.[1] No obstante, la situación no se detiene ahí. Las acciones inmediatas también serán:

  • Aumentar el precio de la gasolina al por menor, doméstica e industrial.
  • Aumentar el precio del diesel para ciertas categorías de pesca.
  • Eliminar los subsidios al gas industrial.
  • Aumentar el precio de la electricidad.
  • Arrendamiento de activos gubernamentales a subcontratistas privados para su uso y mantenimiento temporal.
  • Concesión de la planta hidroeléctrica de Sopladora.
  • Ingresos por la concesión de líneas eléctricas.

Así lo demuestra la primera revisión del crédito realizado con el FMI el 03 de julio de 2019. En la tabla 3 de dicho informe se observa el panorama antes y después del programa con el FMI. En esta se observa que las acciones tomadas por el gobierno en materia de remisión y exenciones tributarias con la ley de fomento productivo le pasan factura a los ingresos del Estado. En 2019 existe una disminución del ingreso en 1.2% del PIB lo que equivale a cerca de USD 1310 millones. De esa manera se menciona que: “para 2019, el 1 por ciento del PIB es un efecto único de la recaudación de la amnistía fiscal en 2018, mientras que el 0,2 por ciento del PIB es el efecto de otros cambios fiscales introducidos en 2018.” (Fondo Monetario Internacional 2019, 10). Se confirma lo que fue mencionado en artículos anteriores de este espacio.

Por consiguiente, la búsqueda de implementar la regresiva reforma tributaria se hace presente para de manera urgente para “corregir” la no entrada de ingresos por exenciones y la generación de una estructura de incentivos para el no pago de impuestos. En efecto, el ofrecimiento de la ley de fomento productivo en realidad no operó y para el año 2019 el monto estimado de no recaudación tenía la capacidad de solventar todo el presupuesto devengado del gasto en bienestar social (equivale al 1% del PIB) o para mantener los desayunos escolares o el pago de los internos rotativos, equipamiento de hospitales, etc., del sector salud. Es decir, se plantea un traslado de este coste a la mayoría de la población en las acciones señaladas antes.  A ello se adhiere que en la remisión planteada  tampoco se condicionó al tema de generación de empleo ¿Cuánto se condicionó a las empresas para que esos recursos perdonados se reinviertan en mejorar la capacidad productiva? De ahí que el tema del empleo no se relaciona tanto con las “rigideces laborales” para contratar y despedir sino en una falta de inversión del sector privado, aún con todas las concesiones realizadas. En su lugar se busca que la remisión sea transferida al exterior, por ello la batalla por la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas, misma que sin duda debe mantenerse para restringir la fuga de capitales.

En conclusión se demuestra que la eliminación de impuestos no es de beneficio para la población en conjunto sino para un pequeño grupo de poder económico. De tal manera que en el tema de reforma tributaria regresiva que se adoptará, las medidas que probablemente se realizarán son: i) el aumento del impuesto al valor agregado IVA o gravar ciertos artículos que hasta el momento no lo están; ii) ampliar la base imponible, es decir, personas que antes no debían pagar impuesto a la renta por sus bajos ingresos ahora lo harán (a eso se refiere la ampliación del Impuesto a la Renta y no a gravar a los deciles más altos de ingreso). En la tabla del SRI se indica que personas con ingresos de hasta USD 11 270 no pagan este rubro pero es posible que ahora si lo hagan. Por tanto, se está afectando directamente a las capas medias y bajas de ingreso, mientras a la élite económica se beneficia de una remisión de aproximadamente USD 987 millones.

En materia de concesiones o monetizaciones se observa que el objetivo es ceder al sector privado bienes en los que este sector no invirtió nada y obtener beneficios de él no solo con este mecanismo, sino también con el aumento de tarifas como ya fue señalado en el caso del sector electricidad. Específicamente se dice que “las autoridades también han decidido anticipar algunas de las medidas previstas para 2021, incluido (…) la eliminación de la tarifa nocturna para la electricidad y modificaciones a la tarifa de la electricidad social para mejorar su focalización.” (Fondo Monetario Internacional 2019, 11). Ese es el gran negocio del sector empresarial capturando al sector público con las concesiones de las empresas del Estado y la feroz búsqueda por concesionar CNT.

Ese es el resultado de la élite empresarial dirigiendo la política económica del país, ajustando la situación de los sectores medios y sobre todo de menores recursos del Ecuador e incluso de ciertos sectores empresariales que ante esta disminución de la demanda interna verá una caída en su nivel de ingresos. Una de las posibilidades de que dichos procesos no ocurra está en gravar los ingresos de los deciles más altos o aumentar el umbral de impuesto a la renta de estos en algún porcentaje (actualmente las personas con ingresos  superiores a USD 114 890 anuales pagan el 35% ) y no generar un impuesto a la renta plano como sugieren ciertas personas, cobrar las deudas en materia tributaria que en el ranking de 500 principales deudores ascienden a USD 1 432 millones en el caso de deudas en firme -en proceso de cobro- y a USD 1 104 millones en el caso de deudas en litigio – que pretenden modificar, revocar o invalidar un acto administrativo-.[2] Y el control de la elusión y evasión fiscal.

En que un ejercicio de transparencia permita observar el lugar al que serán canalizados los recursos de los préstamos y si estos van a reactivar la economía nacional o, por el contrario, van a ser utilizados como “una especie de respaldo o colchón en efectivo que tiene el país para atender cualquier evento inesperado”. Es un serio cuestionamiento el preguntarse un evento inesperado como cuál y, más importante, a quién. Dadas las acciones (no se utilizan los recursos para inyectar en el interior del país sino mantenerlos bajo bóveda) lo más probable es que estos actores sean las mismas élites.
TAT

Fuente y Elaboración: (Fondo Monetario Internacional 2019, 10).
Traducción: Propia.

[1] Según estimaciones del Banco Central del Ecuador el PIB para 2019 es USD 109,13 mil millones en términos corrientes.

[2] Fecha corte: 10/07/2019.

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